Desde el surgimiento en el año 2008 de Bitcoin, el interés de empresarios y particulares por las criptomonedas y sus riesgos no ha hecho más que aumentar. Aunque, primeramente, se hubiesen ignorado, y posteriormente, criminalizado, actualmente nos encontramos en un tercer estadío en que nos planteamos sus riesgos, y, de un modo más frío y objetivo, valoramos sus aplicaciones y problemática. Nos encontramos en la fase en que el mundo empieza las criptomonedas, y se trabaja en ordenamientos jurídicos adaptados a esta realidad.

Así las cosas, en el presente artículo abordaremos la problemática que envuelve a las criptomonedas desde el punto de vista penal, sin querer decir con ello que sea la única vía a través de la cual abordar los aspectos de relevancia jurídica para las criptomonedas.

En primer lugar, resumimos de forma básica en dos notas la caracterización relevante de las criptomonedas para su valoración como elementos intervinientes en delitos, y, por tanto, ser valoradas en su vertiente penal. 

  1. Descentralización y distribución 

Si bien es cierto que criptomonedas hay muchas, y que no todas poseen el mismo nivel de descentralización. En ocasiones, los medios tradicionales utilizan indistintamente el término “bitcoin” y el término “criptomoneda”, lo que puede llevarnos a error, ya que un bitcoin es una criptomoneda, pero no todas las criptomonedas son bitcoin. Hay que valorar cada proyecto detrás de cada criptomoneda, y esto afectará al nivel de descentralización.

En cualquier caso, lo que está claro es que una criptomoneda no está respaldada por autoridades estatales. De hecho, en muy pocos países se acepta como moneda de curso legal, aunque cada vez son más naciones las que se suben al barco, por suerte.

La falta de instituciones que controlen el flujo de capitales en el mercado internacional invertidos en criptomonedas conlleva la problemática del blanqueo de capitales, que, si bien no es la forma más elegida para llevar a cabo blanqueo de capitales, es una vía que antes no existía, y que ahora sí. Es por ello que, con el fin de “echar a los chicos malos de la ecuación”, y poder evitar conductas de blanqueo de capitales, se han de tomar las consideraciones oportunas. A tal efecto, en VICOX ya elaboramos un artículo acerca del GAFI y sus recomendaciones con respecto a las criptomonedas. 

  1. Pseudo anonimato 

Si bien no es imposible autentificar la identidad de la persona que ha llevado a cabo una operación, el pseudo anonimato alrededor de las criptomonedas puede dificultar mucho la labor de identificación del inversor, cuando haya visos de haber llevado a cabo conductas delictivas. 

Por tanto, dependerá mucho del medio a través del cual se haya invertido, ya que a través de exchanges sí que será más fácil realizar la mencionada labor de rastreo. 

Por poner un ejemplo, Bitcoin no registra los datos de la persona que interviene en una transacción, aunque sí que se generan registros históricos, pero no con la identidad real de la persona. Podemos saber el código alfanumérico que representa el número de cuenta hacia dónde y desde dónde se ha producido la transacción, pero estas direcciones no están asociadas al nombre real de una persona, sino que son identificadores que se generan, son números. 

A sabiendas de esto, pasemos ahora a valorar los riesgos delictivos que ello conlleva:

  1. Delitos informáticos
  1. Cryptojacking 

El cryptojacking es una práctica que se refiere a la minería de las criptomonedas, cuando ésta se realiza de mala fe. ¿Cómo es esto?

Es una manera de “piratear” que se oculta en los dispositivos de terceros con el fin de llevar a cabo una minería de criptomonedas, aprovechando los recursos del mencionado dispositivo, para después las ganancias poder derivarlas a la persona que ha llevado a cabo dicho hackeo, que no es la misma persona propietaria del dispositivo en cuestión. 

Esto es así porque minar bitcoins ha resultado ser muy caro, así que el cryptojacking podemos decir que es un delito “nuevo”.

  1. Ramsonware 

El ramsonware es un tipo de delito que se basa en acceder a los dispositivos de terceros, apropiándose del control de los mismos, y pidiendo un rescate a cambio de devolver al legítimo propietario el control del dispositivo.

La relación que esto tiene con las criptomonedas, es que actualmente el pago de dicho rescate se pide en criptomonedas o tarjetas de crédito. No se trata de un delito nuevo, sino que anteriormente se producía, solo que las criptomonedas se han convertido en una nueva forma de exigir dicho pago, gracias a las características de las mismas, anteriormente mencionadas.

  1. Fake wallets 

Se trata del delito cometido por las personas que se hacen pasar por servicios oficiales de wallets, para pedir a los usuarios de dichas wallets datos necesarios para acceder a su cuenta bancaria, poder suplantar la identidad de los verdaderos propietarios de la wallet, y apropiarse de sus ahorros.

  1. Financiación del terrorismo y blanqueo de capitales

En España contamos con el SEPBLAC, o el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, autoridad supervisora en esta materia.

Fue creado en el año 1993, en vistas de la creciente complejidad de supervisión del cumplimiento normativo en esta materia y evitación del fomento de actividades terroristas y lavado de dinero.

Por otra parte, tenemos el GAFI, o Grupo de Acción Financiera Internacional, y que está formado por un conjunto de países que toman decisiones no vinculantes, o recomendaciones, acerca de cómo actuar para enfrentar este tipo de delitos.

Por otra parte, cabe destacar la inclusión de estos delitos en el Código Penal español, como delitos contra el patrimonio; en concreto, de los artículos 298 a 304, siendo el tipo básico de dichos delitos el adquirir, poseer, utilizar, convertir o transmitir bienes para ocultar o encubrir su origen ilegal. 

Como nota interesante, cabe destacar que es posible la comisión del delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave, supuesto recogido en el 301.3 CP, y que conlleva una pena de prisión de seis meses a dos años y multa del tanto al triplo.

En VICOX nos aseguramos de que nuestros clientes cumplan con todos los mecanismos de KYC y AML, y que los proyectos con los que trabajamos se produzcan en cumplimiento de la normativa vigente.

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Riesgos penales y criptomonedas

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